BBC Mundo
Hace un año, la policía peruana golpeó a un grupo de personas lesbianas, gays, bisexuales y transexuales que se besaban en la plaza principal de Lima para protestar contra la discriminación.
El movimiento gay de Lima ha rebautizado el aniversario como el Stonewall de Perú, en referencia a los disturbios en Nueva York en 1969 que dieron lugar al movimiento global gay. Y para conmemorarlo se realiza en Lima el primer desfile del orgullo gay.
Por más de siete años, Cristhian Olivera ha intentado conseguir justicia por un hecho de discriminación debido a su orientación sexual.
Era agosto de 2004 y él y su pareja de entonces se encontraban en una cafetería de un supermercado de la capital peruana.
“Teníamos miradas románticas y una proximidad física”, recuerda. “No nos dimos besos, ni abrazos, sin embargo, una persona de la empresa se acercó y nos dijo que teníamos que modificar nuestro comportamiento”.
El personal de la cafetería les comunicó que tenían que sentarse uno frente al otro, y abstenerse de tener muestras de afecto allí porque había niños y familias alrededor.
“De ser consumidores del local -continúa Olivera- pasamos a ser casi unos delincuentes, básicamente por nuestra orientación sexual. No se les pide estas cosas a las parejas heterosexuales”.
Él denunció al supermercado por discriminación. Sin embargo, la demanda fue rechazada por todos los tribunales peruanos.
“Su caso es común”, dice Giovanny Romero, el presidente de MHOL, el Movimiento Homosexual de Lima.
“En Perú, la democracia no es democrática ni inclusiva. Hay sujetos que estamos en el margen del margen. Somos liberales en los temas únicamente económicos. Pero en temas de derechos, este es un país medieval”.
¿Quién reclama?
No hay que ir muy lejos para ver de lo que habla Romero. En un hospital público en el centro de Lima, la discriminación contra las personas LGBT está en blanco y negro, en la normativa sobre las donaciones de sangre.
Un cartel pegado en la pared del banco de sangre prohíbe a los que han tenido “contacto sexual con homosexuales, prostitutas y personas promiscuas” hacer una donación.
El doctor encargado, Alejandro Barbarán, reconoce que esto es discriminatorio.
Sin embargo, defiende la práctica, debido a que los homosexuales “siempre han sido un grupo de riesgo por sus conductas”.
“La homosexualidad, la prostitución y la promiscuidad están en un solo saco en las sociedades. No podemos cambiar nosotros. Solo si alguna vez los homosexuales reclaman, el Ministerio de Salud verá ese asunto para ver qué se hace”.
Un argumento similar utiliza Carlos Chipoco, abogado en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso peruano.
“Recibimos denuncias todos los días [de violaciones] de derechos humanos, pero no hemos recibido denuncias de la comunidad gay”.
“Deberían procurar de tener algunas acciones constitucionales que afirmaran sus derechos. Pero acá no se trata de que solo existan las normas. En Perú existen muchas normas que no se cumplen”, señala Chipoco y agrega:
“Se trata que haya movimientos detrás de las normas que exijan que los jueces apliquen sanciones a quienes las violan”.
Pecado
Giovanny Romero rechaza las críticas. Dice que el MHOL, entre otras cosas, ha iniciado un proceso legal contra una clínica que impidió a uno de sus miembros donar sangre.
E insiste que, así como otras organizaciones, el momvimiento hace tiempo trabaja por el reconocimiento de los derechos LGBT (lesbianas, gays, bisexuales y transexuales) a través de los tribunales y de una mejor legislación.
Una investigación del MHOL movimiento reveló que matan a una persona cada semana en Perú por su orientación sexual o identidad de género.
Sin embargo, frente a esta homofobia, que el mismo Carlos Chipoco reconoce es extensa, el Congreso no ha debatido aún una ley que sancionaría severamente los crímenes de odio.
“Éste sería el primer paso de un Estado que comienza a valorar nuestras vidas”, dice Romero y agrega:
“Se trata de proteger el derecho de las personas a vivir, y sancionar de modo ejemplar el odio”.
Chipoco está de acuerdo en que la ley es necesaria, pero dice que es difícil alcanzar un consenso entre los políticos.
“Hay posiciones conservadoras y de perspectiva religiosa que consideran que ser homosexual es un pecado. El proyecto se va a volver a presentar probablemente. Y ojala que se avance”.
“Mágicamente”
Crissthian Olivera considera que lograr más derechos para los homosexuales en Perú será difícil.
Para describir la situación actual de la comunidad, Olivera cita como ejemplo el caso de Jefry Peña, una mujer transexual que fue golpeada brutalmente por un grupo de hombres en 2007, justo después de que la policía se negó a ayudarla cuando ella estaba siendo perseguida por sus agresores.
Estos delitos de odio no solo suceden en Perú. Sin embargo, el país andino está detrás en Sudamérica en materia de derechos LGBT.
Argentina reconoce el matrimonio gay y las adopciones por parte de parejas homosexuales, hay campañas progresistas de sensibilización pública en Colombia y “Brasil sin Homofobia” ha sido una iniciativa gubernamental en el país de habla portuguesa por muchos años.
A pesar de todo, Olivera se mantiene optimista, y quiere que su caso sea escuchado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
“Es importantísimo que cambie la sociedad y la cultura y que se borren esos prejuicios sobre la homosexualidad”.
“Nuestros derechos no nos van a caer mágicamente del cielo. Es por eso que hay que seguir luchando”.
El movimiento gay de Lima ha rebautizado el aniversario como el Stonewall de Perú, en referencia a los disturbios en Nueva York en 1969 que dieron lugar al movimiento global gay. Y para conmemorarlo se realiza en Lima el primer desfile del orgullo gay.
Por más de siete años, Cristhian Olivera ha intentado conseguir justicia por un hecho de discriminación debido a su orientación sexual.
Era agosto de 2004 y él y su pareja de entonces se encontraban en una cafetería de un supermercado de la capital peruana.
“Teníamos miradas románticas y una proximidad física”, recuerda. “No nos dimos besos, ni abrazos, sin embargo, una persona de la empresa se acercó y nos dijo que teníamos que modificar nuestro comportamiento”.
El personal de la cafetería les comunicó que tenían que sentarse uno frente al otro, y abstenerse de tener muestras de afecto allí porque había niños y familias alrededor.
“De ser consumidores del local -continúa Olivera- pasamos a ser casi unos delincuentes, básicamente por nuestra orientación sexual. No se les pide estas cosas a las parejas heterosexuales”.
Él denunció al supermercado por discriminación. Sin embargo, la demanda fue rechazada por todos los tribunales peruanos.
“Su caso es común”, dice Giovanny Romero, el presidente de MHOL, el Movimiento Homosexual de Lima.
“En Perú, la democracia no es democrática ni inclusiva. Hay sujetos que estamos en el margen del margen. Somos liberales en los temas únicamente económicos. Pero en temas de derechos, este es un país medieval”.
¿Quién reclama?
No hay que ir muy lejos para ver de lo que habla Romero. En un hospital público en el centro de Lima, la discriminación contra las personas LGBT está en blanco y negro, en la normativa sobre las donaciones de sangre.
Un cartel pegado en la pared del banco de sangre prohíbe a los que han tenido “contacto sexual con homosexuales, prostitutas y personas promiscuas” hacer una donación.
El doctor encargado, Alejandro Barbarán, reconoce que esto es discriminatorio.
Sin embargo, defiende la práctica, debido a que los homosexuales “siempre han sido un grupo de riesgo por sus conductas”.
“La homosexualidad, la prostitución y la promiscuidad están en un solo saco en las sociedades. No podemos cambiar nosotros. Solo si alguna vez los homosexuales reclaman, el Ministerio de Salud verá ese asunto para ver qué se hace”.
Un argumento similar utiliza Carlos Chipoco, abogado en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso peruano.
“Recibimos denuncias todos los días [de violaciones] de derechos humanos, pero no hemos recibido denuncias de la comunidad gay”.
“Deberían procurar de tener algunas acciones constitucionales que afirmaran sus derechos. Pero acá no se trata de que solo existan las normas. En Perú existen muchas normas que no se cumplen”, señala Chipoco y agrega:
“Se trata que haya movimientos detrás de las normas que exijan que los jueces apliquen sanciones a quienes las violan”.
Pecado
Giovanny Romero rechaza las críticas. Dice que el MHOL, entre otras cosas, ha iniciado un proceso legal contra una clínica que impidió a uno de sus miembros donar sangre.
E insiste que, así como otras organizaciones, el momvimiento hace tiempo trabaja por el reconocimiento de los derechos LGBT (lesbianas, gays, bisexuales y transexuales) a través de los tribunales y de una mejor legislación.
Una investigación del MHOL movimiento reveló que matan a una persona cada semana en Perú por su orientación sexual o identidad de género.
Sin embargo, frente a esta homofobia, que el mismo Carlos Chipoco reconoce es extensa, el Congreso no ha debatido aún una ley que sancionaría severamente los crímenes de odio.
“Éste sería el primer paso de un Estado que comienza a valorar nuestras vidas”, dice Romero y agrega:
“Se trata de proteger el derecho de las personas a vivir, y sancionar de modo ejemplar el odio”.
Chipoco está de acuerdo en que la ley es necesaria, pero dice que es difícil alcanzar un consenso entre los políticos.
“Hay posiciones conservadoras y de perspectiva religiosa que consideran que ser homosexual es un pecado. El proyecto se va a volver a presentar probablemente. Y ojala que se avance”.
“Mágicamente”
Crissthian Olivera considera que lograr más derechos para los homosexuales en Perú será difícil.
Para describir la situación actual de la comunidad, Olivera cita como ejemplo el caso de Jefry Peña, una mujer transexual que fue golpeada brutalmente por un grupo de hombres en 2007, justo después de que la policía se negó a ayudarla cuando ella estaba siendo perseguida por sus agresores.
Estos delitos de odio no solo suceden en Perú. Sin embargo, el país andino está detrás en Sudamérica en materia de derechos LGBT.
Argentina reconoce el matrimonio gay y las adopciones por parte de parejas homosexuales, hay campañas progresistas de sensibilización pública en Colombia y “Brasil sin Homofobia” ha sido una iniciativa gubernamental en el país de habla portuguesa por muchos años.
A pesar de todo, Olivera se mantiene optimista, y quiere que su caso sea escuchado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
“Es importantísimo que cambie la sociedad y la cultura y que se borren esos prejuicios sobre la homosexualidad”.
“Nuestros derechos no nos van a caer mágicamente del cielo. Es por eso que hay que seguir luchando”.
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